La educación superior en
España vive una transformación profunda y tal vez irreversible. Mientras el
número de universidades públicas sigue estancado desde hace décadas, y no pasa
apenas de cincuenta, las privadas se han multiplicado y ya gestionan una cantidad
muy importante de estudiantes de educación superior, especialmente en másteres
y formación profesional.
Este crecimiento no se debe
a un aumento de alumnos ni de población. Las causas son otras, más funcionales
y también más mercantiles: el sistema público apenas se regenera ni logra
atraer a nuevos estudiantes. Hay, al
menos por ahora, una relativa facilidad administrativa para crear centros
privados de enseñanza y, sobre todo, se mantiene una fuerte demanda de
titulaciones orientadas directamente al empleo y a la empresa.
Al mismo tiempo, la
educación se ha convertido en un gran territorio económico donde Estado y
mercado disputan de forma abierta y desigual. Y por ahora va ganando el
mercado.
Fondos de inversión
internacionales compran universidades y empresas educativas porque el negocio
ofrece algo muy difícil de encontrar en otros sectores: ingresos estables y
rentabilidades bastante seguras. La enseñanza superior ha dejado de ser
solamente una institución cultural para convertirse también en un producto
económico global.
El resultado introduce cambios
decisivos. La universidad deja de ser exclusivamente una institución académica
y un servicio público, y comienza a funcionar como una industria internacional
de negocios educativos y profesionales. En ese contexto, el estudiante pasa a
ser cliente y las titulaciones se diseñan cada vez más según la lógica de la
demanda laboral.
El contraste con el viejo
ideal universitario es evidente. Durante siglos, la universidad fue un espacio
dedicado al cultivo del conocimiento, relativamente protegido de las presiones
inmediatas de la economía. Hoy, sin embargo, el mercado irrumpe en el corazón
mismo de la institución universitaria y empodera sus prioridades.
El auge de la universidad
privada confirma esta transformación. En los últimos años, su crecimiento ha
sido tan intenso que amenaza con alterar profundamente el equilibrio del
sistema. Este pulso entre universidad pública y privada se vuelve cada vez menos
armonioso: las privadas avanzan con rapidez y ocupan espacios que la pública
parece abandonar.
Las privadas cuentan,
además, con un aliado poderoso: el mercado. El mercado discurre por caminos que
la universidad pública no conoce, o que no recorre con la agilidad suficiente
como para competir con eficacia. Mientras la institución pública permanece
sujeta a una compleja red de procedimientos, controles y burocracias, las
privadas actúan con mayor flexibilidad y velocidad.
La prensa se hace eco
periódicamente de este fenómeno. Reportajes recientes han descrito con detalle
el crecimiento del sector educativo privado en España, convertido ya en un
negocio de decenas de miles de millones de euros anuales. Universidades, escuelas
de negocio y centros de formación profesional se integran en grupos
empresariales cada vez más potentes, a menudo respaldados por grandes fondos
internacionales.
Muchos profesores de la
universidad pública observan con preocupación este proceso. No sólo porque la
privada crece industrialmente, nunca mejor dicho, sino porque la propia
universidad pública parece debilitarse desde dentro día tras día. Las
condiciones laborales han cambiado notablemente: los contratos de muchos
jóvenes docentes son hoy mucho más precarios que los que se ofrecían hace tres
décadas. Y la promoción del profesorado es demencial.
Paralelamente, algunas
universidades privadas comienzan a ofertar contratos competitivos a
determinados perfiles profesionales. Y mientras la pública se encuentra
atrapada en procedimientos administrativos cada vez más rígidos y absurdos, la
privada dispone de mayor margen para negociar condiciones, diseñar contenidos y
atraer a personas con mejores ideas.
La paradoja es evidente. La
universidad pública posee ventajas institucionales que deberían reforzar su
posición, pero no siempre logran satisfacer al profesorado más competente. Con
frecuencia, esas ventajas acaban protegiendo inercias o mediocridades antes que
estimular la excelencia. Supeditar el éxito de un proyecto universitario al
nivel del profesorado menos exigente es, sin duda, una de las peores
estrategias posibles.
La discusión sobre las notas
de corte ofrece un ejemplo revelador. Se critica con frecuencia que las
universidades privadas no exigen los mismos requisitos de acceso que las
públicas. Pero conviene recordar también que muchos expedientes académicos
procedentes del bachillerato o de las pruebas de acceso presentan inflaciones
notables: el título certificado no siempre se corresponde con los conocimientos
reales de quien lo posee.
Así, la tensión entre
universidad pública y privada no puede reducirse a una simple oposición moral
entre lo público y lo mercantil. El problema es más complejo. Las universidades
privadas se benefician de la demanda social de titulaciones útiles y rápidas;
las públicas, en cambio, parecen debatirse entre la defensa de su tradición
académica y la incapacidad de reformarse con eficacia.
Por eso la pregunta final
resulta inevitable. ¿Quiere realmente la universidad pública competir con la
privada o se limita a cederle el terreno poco a poco? A veces da la impresión
de que la frontera entre ambas no es tan nítida como parece. Y que, en determinados
momentos, la universidad pública no combate el avance de la privada, sino que
lo acompaña silenciosamente.
Tal vez ahí resida el
verdadero problema. Porque una universidad pública que renuncia a defender con
firmeza su propia razón de ser acaba convirtiéndose, sin darse cuenta, en la
antesala de su propia irrelevancia. Y cuando eso ocurre, el mercado no encuentra resistencia: simplemente ocupa el espacio vacío.
Muchos profesores tenemos
cada día la convicción irreversible de que no importamos a la universidad
pública. Y no queremos ser una comparsa de la privada.
