Hoy se habla con absoluta naturalidad de mercado libre:
hay quienes lo defienden y quienes lo rechazan, y no pocos llegan incluso a exigir
anarcocapitalismo, pero todos entienden, al menos en términos generales, de qué
se trata. Intente ahora hablar de una «educación libre» y comprobará que la
expresión resulta casi incomprensible, cuando no directamente sospechosa.
¿Qué clase de sociedad es aquella en la que podemos
discutir sobre la libertad del mercado, pero apenas podemos plantearnos qué
significa una educación libre? ¿Por qué aceptamos como legítima la libertad
económica y consideramos extravagante reclamar libertad para enseñar y
aprender?
No me refiero a la diferencia entre enseñanza pública,
privada o concertada, porque esa clasificación no resuelve el problema
esencial: todas ellas tienen que desenvolverse dentro de un marco establecido
por el Estado, sometidas a sus currículos, procedimientos, evaluaciones y
sucesivas reformas políticas. Cambia la titularidad, pero persiste el mismo
poder estatal. La verdadera pregunta es otra: ¿puede hoy ejercerse dentro de la
legalidad, en una democracia, una educación realmente independiente de la
intervención del Estado? La respuesta parece evidente: no. Por el momento…
Los Estados democráticos han renunciado a ciertas formas
de intervención, para concentrarlas todas en dos principales e intocables:
recaudación y educación. La primera fiscaliza la actividad económica de los
ciudadanos; la segunda impone, con una capacidad de penetración mucho mayor de
la que solemos admitir, qué debe enseñarse y cómo debe hacerse. La libertad de
cátedra es una expresión del lenguaje cotidiano, pero apenas visible en los
textos legales del siglo XXI. Es cosa del pasado y, paradójicamente, de
tiempos en los que supuestamente no había libertad.
Pero es que hoy tampoco hay libertad de enseñanza. Hoy el
profesor no necesita que un ministro entre en su aula para limitar su libertad,
porque basta con que lo haga la administración del Estado. Y entonces llega
PISA.
Cada nuevo informe ofrece una radiografía de nuestros
sistemas educativos y, cuando los resultados son malos, comienza la búsqueda de
culpables: profesores, familias, alumnos, móviles, hábitos de lectura, nuevas
metodologías o falta de motivación, cambio climático incluido. Pero no se coge
el toro por los cuernos: ¿quién ha diseñado el sistema cuyos resultados son un
fracaso?
Los políticos que comentan las consecuencias de PISA no
suelen impartir las clases cuyos resultados analizan, ni corrigen los exámenes,
ni afrontan diariamente las dificultades de un aula; sin embargo, son las
instituciones políticas las que establecen buena parte del marco en el que
profesores y alumnos tienen que desenvolverse.
PISA no debería utilizarse únicamente para juzgar al
profesor, sino también para juzgar el sistema estatal que lo gobierna. El
fracaso educativo no es exclusivamente el fracaso del alumno, la familia o el
docente: cuando un modelo se diseña y se modifica desde el poder político
durante décadas, hay una responsabilidad política sobre sus resultados que no
puede desaparecer cada vez que llega un informe desfavorable. El profesor no es
inocente, por supuesto, pero el profesor obedece, no manda. Y como dice el
refrán, el que es mandado no es culpado.
El problema crece cuando la educación de la que se hace
cargo el Estado conduce al fracaso una y otra vez. Para eso, mejor sería que
diera libertad y que cada cual eligiera el modo y contenido de su formación
intelectual. O comes o dejas comer. Una educación sometida a un Estado que no
resuelve sus problemas académicos corre el riesgo de convertirse en algo que no
sirve para nadie.
¿Podemos imaginar una educación verdaderamente libre,
capaz de organizarse sin quedar sometida a cada nueva orientación política, en
la que profesores y alumnos dispongan de un espacio real para investigar,
enseñar, discutir y disentir, y en la que la ciencia no tenga que pedir permiso
a la ideología de cada gobierno para sobrevivir? Algunos estarían a favor y
otros en contra, como ocurre con el mercado, pero esa discrepancia sería
precisamente la prueba de que hablamos de libertad. ¿Anarcoeducación? Del
futuro nada está excluido.
La libertad educativa no consiste en elegir entre un
colegio público, uno privado u otro concertado, si todos tienen que responder,
en lo esencial, ante las mismas imposiciones políticas y administrativas;
consiste en disponer de la posibilidad legal de crear instituciones educativas
realmente independientes, que no estén subordinadas ni al poder político ni a
intereses económicos que reduzcan el conocimiento a una mercancía.
El Estado puede y debe garantizar el derecho a la
educación, asegurar su acceso y proteger a quienes estudian y enseñan, pero
garantizar la educación no significa monopolizarla, ni mucho menos determinar posesivamente
qué debe pensar cada uno de nosotros bajo el nombre de aquello que se enseña. Una
sociedad ignorante difícilmente puede ser una sociedad libre.
El problema de PISA no se resuelve con más y más reformas
educativas o una terminología administrativa de nuevo cuño, sino mediante la
recuperación de aquello que cualquier educación digna de ese nombre necesita por
encima de todo: libertad para enseñar, aprender y actuar, no sólo pensar.
Desde esta perspectiva, más de un lector podrá sospechar
que la «anarcoeducación» es la solución, del mismo modo más de un gestor
considera que el «anarcocapitalismo» es mejor que otras opciones mercantiles
alternativas, ya que si el Estado es un problema, mejor prescindir de él. «Doctores
tiene la Iglesia» de los economistas y de los educadores, y a ellos compete
dirimir estos asuntos. Pero si la educación que el Estado gestiona es unfracaso, o el Estado resuelve este problema crónico o reconoce su impotencia y
permite que lo resuelvan otros. Porque del perro del hortelano, que ni come ni
deja comer, se cansa hasta su amo.
Jesús G. Maestro
Vocento, 4 de octubre de 2026.
