¿Pueden las universidades administrar conocimientos secretos, privados,
limitados solamente a una parte de la población? La pregunta no es ninguna
tontería, porque exige una respuesta para salir de una encrucijada política,
cultural y, si se quiere, moral: ¿universidades abiertas o cerradas a las
posibilidades económicas de la población?
Una universidad que privatiza el conocimiento o lo encarece por encima de
las posibilidades de la mayoría funciona como una sociedad excluyente, basada
en un saber que se administra como privilegio. Unos pocos lo poseen, lo usan y
lo gestionan. El resto queda fuera.
En ese modelo, el acceso al conocimiento no depende exclusivamente del
mérito, el esfuerzo o la inteligencia, sino de otros recursos, con frecuencia
financieros o políticos. Depende de la cooptación, es decir, de quién decide
quién entra o no en el círculo de los elegidos. Es una forma extrema de
endogamia mercantil y política. Y esa sociedad o «minoría selecta», por usar la
expresión de Ortega y Gasset, decide según criterios que no siempre tienen que
ver con la ciencia ni con la razón, sino con la adhesión, la afinidad o, en el
peor de los casos, la obediencia y sumisión.
Imaginen por un momento que para ejercer una profesión no bastara con
acreditar conocimientos, sino que se exigiera profesar determinadas ideas y
comprometerse a no compartir lo aprendido salvo con los miembros del mismo
grupo. El disparate resulta evidente. Y, sin embargo, ese es el mecanismo que
define a las sociedades cerradas: saber restringido, acceso vigilado y difusión
controlada.
Frente a ese modelo, la universidad nace con una vocación radicalmente
distinta: universalizar el conocimiento. Hacerlo accesible, transmisible,
compartido. «Católico», en su sentido etimológico: universal. No como dogma
religioso, sino como práctica intelectual. Enseñar sin reservas, difundir sin
filtros, abrir sin condiciones.
Sin embargo, todo esto ha cambiado en las dos últimas décadas de manera
vertiginosa. En pleno siglo XXI, la universidad parece haber olvidado su propia
definición y tradición. Se ha «desuniversalizado», si se permite la paradoja. Y
una universidad que transmite saberes no universalizables empieza a parecerse
peligrosamente a «otra cosa». No a una institución renovada y abierta, sino a
una criatura transformada en una sociedad esotérica, endogámica y privilegiada.
El resultado es una corporación muy ilustrada: «todo para el pueblo, pero
sin el pueblo». El imperativo del despotismo es hoy la máxima o lema de la
democracia. Se gobierna en nombre de la mayoría, pero sin contar con ella. Se
decide por los demás, pero sin ellos. Y lo que es más grave: se piensa o actúa
en su nombre. El ser humano vota y, tras votar, se hace invisible a efectos de
decidir nada más allá del día de las urnas.
La historia ofrece ejemplos inquietantes. Desde el momento en que
determinados conocimientos comenzaron a ponerse al servicio exclusivo del
poder, se legitimó el desarrollo de redes discretas, incluso secretas, que los
gestionaban sin compartirlos. A partir de ahí, se consolidó una tradición:
minorías que administran saberes decisivos mientras la mayoría permanece al
margen. Esta idea es muy atractiva a la «selección natural» darwiniana y a un
elitismo que es muy bonito cuando uno forma parte de los elegidos.
Tal impulso encontró un desarrollo especialmente intenso en la Ilustración,
que es el modelo por excelencia de nuestros intelectuales de hoy. Sí, la misma
Ilustración que proclamaba el «atrévete a saber» niega ese saber a quienes no
pueden pagárselo.
Junto a ese ideal convive otro menos luminoso: el de las élites que
seleccionan, distribuyen y controlan el conocimiento y la libertad. No siempre
por mérito, sino por pertenencia, adhesión y sumisión, de tal modo que la
capacidad es lo de menos y el acceso, determinado por quienes ya están dentro,
es determinante.
Cuando un grupo monopoliza los conocimientos relevantes —científicos,
técnicos, culturales— y los comparte sólo entre sus miembros, la sociedad
pierde toda experiencia compartida. Unos avanzan a gran velocidad; otros
permanecen inmóviles. Unos viajan en primera clase, otros se quedan aislados
para siempre en una isla desierta. Y esa desigualdad no es sólo económica: es,
sobre todo, intelectual, científica y política. Sin conocimiento compartido no
hay libertad política.
El efecto es devastador. La mayor parte de la sociedad queda relegada a una
especie de «caverna» conceptual, ajena a los saberes que determinan su propio
destino. Lo paradójico es que esta situación se defiende, en ocasiones, con
notable éxito. Se ha presentado como orden, estabilidad, e incluso progreso.
Pero no lo es. Una sociedad que no comparte el conocimiento disponible se
condena a sí misma a una forma de tercer mundo semántico. Porque el saber que
no circula no prospera. El conocimiento que no se transmite se muere. El precio
de la autonomía es la esterilidad.
Por eso la universidad no puede permitirse el lujo de jugar a ser un club
privado. Su razón de ser es exactamente la contraria: abrir, difundir,
universalizar. Los saberes que imparte deben ser accesibles, comunicables y, en
la medida de lo posible, disponibles para todos. No es una concesión, sino un
servicio público.
Además, ese conocimiento debe tener un fundamento humano, verificable y
compartible. No puede sostenerse en secretos ni en revelaciones reservadas,
porque el saber que se oculta deja de ser útil y empieza a parecerse
peligrosamente a la mentira.
Si alguien dispone de información decisiva —por ejemplo, sobre riesgos que
afectan a otros (pensemos en la última pandemia)— y decide no compartirla, no
sólo actúa de forma irresponsable, sino que provoca un daño de consecuencias
impredecibles. El conocimiento no es neutral ni benigno, ni tampoco útil,
cuando se privatiza.
Una universidad que no comparte el saber y la ciencia niega la libertad y
traiciona su propia esencia. Ninguna universidad puede vivir en la penumbra.
